En los últimos 30 años Chile ha reducido la pobreza de forma extraordinaria, pasando de 49% en 1990 a 8,6% en 2017. Este avance no sólo se refleja en cifras macroeconómicas, como suele reprocharse, sino que es también percibido por la ciudadanía.

La Encuesta Bicentenario muestra que el 62% considera que su nivel de ingreso es mucho mejor que el de sus padres a la misma edad y el 65% dice tener una mejor casa que ellos. No sólo en lo material reconocen avances, también en la vida familiar. El 67% considera que su vida familiar es mejor que la de sus padres a la misma edad y el 64% que su tiempo libre es mucho mejor.

Estos avances han traído consigo enormes cambios sociales. La reducción de la pobreza produjo una extensa clase media que comprende a prácticamente el 90% de la población. En la Encuesta Bicentenario el 8% de los encuestados se considera que se ubica en el quintil más pobre de ingresos y el 2% en el más rico. De hecho, si miramos la distribución de ingresos en nuestro país, notamos que es relativamente homogénea si se excluye al 5% más rico. Por cierto, hay diferencias importantes entre los que se encuentran en el segundo decil y en el noveno, pero a pesar de ellas comparten los mismos temores. El 73% de los encuestados teme no tener suficiente dinero para afrontar la vejez y el 82% no tener dinero para pagar una cuenta médica en caso de enfermedad grave; estos temores son transversales en los distintos niveles socioeconómicos.

Este cambio social ha traído nuevos desafíos para el Estado. Nuestra política de focalización en el gasto fue exitosa mientras nuestros problemas estaban focalizados, pero a medida que se reducía la pobreza crecían las demandas de los grupos medios por mayor acceso y mejor calidad de bienes y servicios. Ello explica que hoy haya una mayor demanda por políticas universales y no focalizadas como en los 90 o comienzos del 2000. Las personas reclaman por una educación escolar de mejor calidad (93% de los niños y jóvenes estudia en establecimientos educacionales subvencionados por el Estado), mayor acceso a financiamiento para la educación superior o la primera vivienda, atención oportuna en el sistema de salud (80% se atiende por Fonasa), pensiones dignas (menos del 90% recibe una pensión mayor a $ 500.000), etc. Satisfacer la agenda social tendría un costo estimado de entre 3 y 4 puntos del PIB. He aquí el desafío: ¿cómo financiar estas demandas manteniendo una sana economía fiscal?.

Algunos proponen aumentar los impuestos a los super ricos, ya sea a través de sus bienes raíces, rentas o incluso herencia. Más allá del fracaso de esta política en los países desarrollados, ella no logra recaudar ni 0,3% puntos del PIB. El proyecto de pensiones es otro ejemplo de cómo no estamos abordando el fondo del asunto. Para financiar el aumento de las actuales pensiones más bajas se crea un “impuesto” a las cotizaciones en vez de hacerlo con impuestos generales. A derechos universales corresponde tributos universales: este es el nuevo paradigma. Mientras en los países de la OCDE casi el 80% paga impuesto a la renta, en Chile sólo lo hace el 20%.

Es verdad que los salarios en nuestro país son más bajos, pero si queremos pasar a ser una socialdemocracia con derechos universales, entonces necesitamos aumentar nuestra base imponible. En 2018 los impuestos a la renta recaudaron 1,5% del PIB, que corresponden a 8,3% de la recaudación total. En el resto de los países de la OCDE este impuesto equivale a cerca del 30% de la recaudación total. Se estima que la expansión de nuestra base tributaria puede recaudar los puntos del PIB que necesitamos para financiar este nuevo modelo social. Por supuesto que esta es una medida impopular, pero es la única que logrará financiar en el tiempo las demandas universales de nuestra nueva sociedad.

Fuente: https://www.latercera.com/opinion/noticia/nuevo-paradigma/995963/

Por: Sylvia Eyzaguirre