La primera falla del sistema de reparto es su falta de sustentabilidad o consistencia temporal. Pero un problema quizá de mayor magnitud es que se vuelve un instrumento de la clase política cortoplacista y populista regalar beneficios sin atender a su financiamiento.

Con esta columna inauguro una serie de reflexiones sobre la Reforma de Pensiones. Antes, una advertencia: aunque he asesorado y actualmente asesoro a una AFP, refleja estrictamente mi opinión personal y no representa ningún interés de la industria. Si usted considera que esta situación me inhabilita para opinar sobre el tema, sugiero que no siga leyendo.

Se espera que en marzo o abril se apruebe en el Congreso una reforma muy significativa al sistema de pensiones en respuesta al llamado estallido social, la que incluye muchos componentes que han estado en el debate público en los últimos años. Es evidente que la urgencia política ha relegado los argumentos técnicos a un segundo plano. Es mi intención en esta serie de columnas de opinión recordar aquellos elementos técnicos que están en juego en estas materias, de modo de comprender mejor los costos que representan los diseños en discusión.

El sistema social basado en cotizaciones obligatorias nace el 15 de julio de 1883, cuando el parlamento alemán aprobó una ley de seguro obligatorio para accidentes y enfermedad presentada por el Canciller alemán Otto von Bismarck, también Primer Ministro de Prusia; sistema que en 1889 se expande a proteger la invalidez y la vejez mediante cotizaciones a los salarios, y que se denomina de reparto.

Bismarck fue militar y político clave en la emergencia de la nueva potencia alemana unificada en la década de 1860. Conservador y autoritario, Bismarck es el padre del estado de bienestar.  Alemania se encontraba en un proceso de fuerte desarrollo industrial y la agitación obrera mediante motines y huelgas tenía inquieta a la clase dominante desde la revuelta de 1848, y la represión era la orden del día impulsada por los liberales. De hecho, en 1878 hubo una serie de atentados, incluido uno contra del Emperador Guillermo II. Al decir de Bismarck “…un hombre que tiene asegurado su porvenir, su vejez tranquila, el bienestar de sus familiares, no es anarquista ni atenta contra la vida del emperador; démosle ahora a los pobres a lo que tienen derecho antes de que nos lo arrebaten por la fuerza”. El sistema se expande por toda Europa en la década siguiente.

La cotización es un impuesto al trabajo asalariado, por más que quienes defienden el sistema de reparto pretendan llamarlo “solidaridad”.

La genialidad de Bismarck y sus asesores es evidente. El sistema de reparto es un sistema de pensiones que tiene un beneficio definido -esto es, un porcentaje del salario como pensión- y cotizaciones indefinidas -esto es, la cotización salarial que sea necesaria de parte de los trabajadores activos para financiar en el mismo periodo las pensiones de los jubilados. Con una relación muy alta de trabajadores activos sobre jubilados pasivos, una cotización muy pequeña reparte enormes beneficios. La primera generación recibe beneficios sin nunca haber cotizado y las sucesivas generaciones pueden ser financiadas por las nuevas que ingresan al mercado si es que la estructura demográfica se mantiene estable. Aquí empieza el problema del sistema de reparto: si los avances de la medicina alargan la vida de las personas y disminuye la tasa de natalidad, y ambas cosas vienen con el progreso, entonces se requiere una creciente tasa de cotización para pagar las pensiones de la población pasiva, con el consecuente impacto en el mercado del trabajo. La cotización es un impuesto al trabajo asalariado, por más que quienes defienden el sistema de reparto pretendan llamarlo “solidaridad”. Retórica torcida, pues si el impuesto al trabajo para pensiones es un impuesto solidario, entonces el impuesto a la renta de las empresas y las personas, el IVA, y todos los impuestos cuyo destino son las transferencias sociales y los bienes públicos también debieran ser considerados impuestos de solidaridad.

La primera falla del sistema de reparto, entonces, es su falta de sustentabilidad o consistencia temporal. Los asesores de Bismarck no requerían esta visión de largo plazo pues tampoco era obvio el desequilibrio demográfico. La historia a esa fecha era una historia maltusiana y de guerras, y la revolución industrial no se manifestaba con tanta evidencia en mejoras de bienestar para la amplia población obrera y pobre que sustentaba una pequeña casta privilegiada. Por ello es difícil comprender cómo varios asesores actuales de renombre han revisitado el sistema bismarckiano en Chile, justificándolo en la urgencia política y prometiendo nuevamente mejorar a la actual generación de bajas pensiones con un nuevo impuesto al trabajo de reparto.   Sabemos que entrega beneficios a la primera generación beneficiada con costos menores, y también sabemos que defrauda a las futuras generaciones. Es absolutamente evidente que financiar los beneficios con impuestos generales en lugar de impuestos al trabajo no solo es sustentable, sino que permite una tasa impositiva muy inferior, pues considera a toda la base impositiva a la renta, y no solo la base salarial. Se ha dicho que es inviable subir impuestos de otro tipo, lo que es un contrasentido, pues se incrementa en mayor magnitud un impuesto que solo grava el salario con tope, dejando fuera a las rentas del capital y parte de las altas remuneraciones de los trabajadores y empleados más calificados.

La mayor virtud del sistema contributivo, que, al entregar propiedad al trabajador de sus propias contribuciones, lo deja protegido de expropiaciones.

Pero este no es el único problema del sistema de reparto. Un problema quizá de mayor magnitud es que el sistema es usualmente capturado por grupos de interésSe vuelve un instrumento de la clase política cortoplacista y populista regalar beneficios sin atender a su financiamiento. Se suceden leyes en el Congreso que aprueban beneficios con el objetivo de obtener réditos políticos en la próxima elección, defraudando a las generaciones futuras que simplemente no podrán obtener los beneficios prometidos. En efecto, al entregar beneficios insostenibles, el sistema de reparto se convierte en un botín, en una bomba de tiempo, y los beneficios de las futuras generaciones son efectivamente expropiados por las anteriores.  Aquí se encuentra la mayor virtud del sistema contributivo, que, al entregar propiedad al trabajador de sus propias contribuciones, lo deja protegido de expropiaciones. Por último los asesores de los legisladores de estos días podrían haber sido un poco más creativos. Por ejemplo, pudieron idear una versión de reparto sustentable, como la propuesta por la Fundación Ciudadanos en Acción, continuadora de Reforma la Reforma, que propuso que las cotizaciones de reparto sea un préstamo al Estado, que se registra a cuenta del cotizante y que se devuelve al jubilarse éste con una rentabilidad. Habría sido una versión de reparto consistente con estos tiempos, que en tiempos mejores podrían incluso ser devueltas anticipadamente a las cuentas individuales.

Es una constante histórica que cuando se hacen políticas públicas en momentos de hegemonía socialista o de izquierda, los diseños empeoran y tienen el germen de su destrucción. Quizá la gran excepción es el periodo de la Concertación, del cual me enorgullece haber sido parte. Intentando responder a esta pregunta, se me viene a la cabeza Rajendra Sisodia, padre de capitalismo consciente, quien en su visita a Chile en 2017 dijo en ENADE, en la versión libre que recuerdo, “..mientras el capitalismo en su esencia entrega dinamismo en la economía, el socialismo en su esencia entrega promesas que no es capaz de cumplir”.

 

@patricioarrau

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Fuente: https://ellibero.cl/opinion/patricio-arrau-reforma-de-pensiones-i-reparto/
Por: @patricioarrau